El CronoPetro

Lo que revela el mapa

La UNGRD manda en el terreno de lo comprobado. Es la burbuja roja más grande y la que más se corre hacia la derecha: entre $1 y $1,27 billones, según los cálculos de W Radio y La Silla Vacía, con condenas parciales ya en firme —Sneyder Pinilla, «El Pastuso»—, dos exministros llamados a juicio y congresistas tras las rejas. El caso más cuantioso resulta ser, a la vez, el más probado, y por eso funciona como ancla de todo el balance.

Sumados, los casos rojos rondan los $2,3 billones: a la UNGRD se le añaden el cartel de las regalías (AREMCA, $623.000 millones, aunque el entramado venía de 2017), las primas irregulares del Fomag ($260.000 millones), los $150.000 millones que se embolataron en los Caminos Comunitarios de Invías y los $31.000 millones de MinDeporte.

Las burbujas azules pesan más en plata pero menos en pruebas. La Nueva EPS —$5 billones en pasivos ocultos que halló la Contraloría— y la Fiduprevisora —$1 billón comprometido— mueven cifras mayores que todo lo comprobado, pero se ubican arriba y a la izquierda: montos enormes con poca comprobación judicial por ahora. Separar una cosa de la otra es, justamente, para lo que sirve esta gráfica.

Vista en el tiempo, la secuencia se ordena sola. 2022 está en blanco; 2023 arranca con los escándalos de campaña —Nicolás Petro, los audios de Benedetti— y el de MinDeporte; 2024 es el año de la UNGRD y de los cargos del CNE; 2025 trae Invías, la Fiduprevisora, la Nueva EPS y la denuncia de los Gripen; y 2026 cierra con el Fomag y el cartel de las regalías.

Conviene mirar con cuidado las burbujas blancas. El sobrecosto que se les atribuyó a los Gripen —unos $5 billones frente a lo que pagó Tailandia— pasó por la lupa de la Contraloría, que en enero de 2026 no encontró irregularidades. Se muestra en el mapa, pero no cuenta.

Lo que revela el flujo

La ruta más grave es también la más delgada. Del billón de la UNGRD, las coimas documentadas apenas llegan a unos $7.000 millones, pero con esa plata se compró lo más caro: según la Fiscalía, los $3.000 millones que habrían ido al presidente del Senado, Iván Name, y los $1.000 millones al de la Cámara, Andrés Calle, buscaban «aceitar» el trámite de las reformas sociales —la pensional entre ellas— y amarrar votos en las comisiones de crédito público. Sandra Ortiz habría movido otros $3.000 millones en efectivo, y Wadith Manzur y Karen Manrique, presos en 2026, habrían recibido contratos direccionados a cambio de su aval.

El grueso del dinero, sin embargo, terminó en contratistas y testaferros: carrotanques con sobrecostos de más de $20.000 millones, tres proyectos direccionados por $92.000 millones «por compromiso con congresistas» y los cerca de 101 contratos a dedo del cartel de las regalías, repartidos en doce departamentos.

Hay además un ramal político y regional, tejido con los giros exprés de $140.000 millones a Corpourabá y Corantioquia —señaladas como fortines de senadores— y con los contratos de regalías dirigidos a estructuras locales. El Fomag, en cambio, responde a otra lógica: no son contratos sino pagos, $260.000 millones en primas giradas a fallecidos, dobles pensiones y personas sin derecho, muchas veces al amparo de fallos judiciales bajo sospecha.

La franja amarilla merece una lectura aparte, porque no es plata del erario sino dinero privado de campaña: los topes que el CNE da por violados ($5.355 millones) y los recursos que Nicolás Petro se habría apropiado ($1.053 a $1.189 millones). Aparece en el mismo flujo porque forma parte del expediente, pero se contabiliza por separado.